Consulta Lijesus

BORRADOR

Cita :

A la atención de Lijesus di Valiant y a las Cortes del Principado

El señor Lijesus Di Valiant, Sindico de Cortes en representación de Urgel, amparándose en el Art. 9 del Tribunal de Apelación, solicita la opinión del Tribunal de Apelación sobre el tema de las competencias del Príncipe y de las Cortes en torno a la elección de un nuevo Príncipe.

Dicho tema, en curso en la actual sesión de Cortes (IV sesión, XII periodo), no establece específicamente a qué rango legal pertenece, si es que pertenece a alguno, según el Artículo XVI de la Constitución. Es necesario establecer a qué rango legal pertence dentro de la jerarquía legislativa, si es que pertenece a alguno. Teniendo en cuenta que el documento de partida en el tema en curso es un documento emitido por Ferran I, Príncep de Catalunya, solo puede poseer el rango legal de Decreto del Príncipe, según establece el Art. X apartado c de la Constitución.

En dicho documento, el Príncep Ferran I establece (1) la petición a las Cortes del Principat de Catalunya que inicien el proceso para el nombramiento de un nuevo Príncipe para el Principat en votación extraordinaria, indicando a Hanseatic de Tramuntana como el propuesto para ocupar el cargo; y (2) su renuncia irrevocable al cargo de Príncipe de Catalunya que se hará efectiva en el momento que las Cortes nombren un nuevo Príncipe.

Es, por lo tanto, necesario establecer si dicho documento entra o no en contradicción con códigos legislativos superiores.

Cita :

Constitución del Principat de Catalunya.

Título III: De las competencias de las Instituciones del Principado
Art X.
El Príncipe de Catalunya, tiene competencia sobre los siguientes apartados:
(...)

Art. XI.
Las Cortes de Catalunya tienen competencia sobre la política legislativa del Principado, incluyendo:
h) El nombramiento, o la destitución del Príncipe de Catalunya, o de su sustitución por un Regente en caso de indisposición del mismo.


Estatuto de las Cortes.

Sus funciones específicas serán:
4) La elección y/o aprobación del Príncipe/Princesa de Catalunya. Debe entenderse a las Cortes Catalanas como la autoridad máxima en estas funciones dentro del territorio del Principado de Catalunya

Si bien el señor Lijesus Di Valiant hace unas largas consideraciones sobre la definición de "competencia", éstas no tienen base jurídica en el Principado y muchas de ellas entran en contradicción con la praxis jurídica aceptada en el Principado por todas las instituciones. Así, si bien afirma que "la competencia para realizar determinados actos no puede ser objeto de transferencia, cesión o encargo, pues se rige por el principio de indelegabilidad", observamos como la propia Constitución y la Ley de Puertos establecen que las competencias para gestionar los puertos pueden ser cedidas a otras instituciones". Así, si bien afirma que la competencia está "regida por el principio de taxatividad, que significa que el ejercicio de la competencia que le confiere la Constitución está limitado o reducido a lo expresamente conferido" observamos como la propia Constitución, por ejemplo, mediante el uso de la palabra "incluyendo", establece que las competencias de las Cortes no están limitadas o reducidas a las expresamente enumeradas en su artículo XI; y por tanto pueden ampliar o extender sus competencias, eso sí, siempre bajo el epígrafe "política legislativa".

Así, la Constitución establece una capacidad inherente de extender o ampliar las competencias que tienen las instituciones del Principado más allá de las enumeradas específicamente en cada uno de los artículos del Título III, pero dentro de los límites establecidos en cada uno de los artículos. Estos límites de ampliación son: las Cortes, "competencia sobre la política legislativa" (Art. XI); el Gobierno, "competencia sobre la política ejecutiva" (Art. XII); el Tribunal de Apelación, "competencia sobre el poder judicial" (Art. XIII); los Ayuntamientos, "competencia sobre la política local" (Art. XIV). La Constitución no limita explícitamente la ampliación de competencias del Príncipe en un campo determinado.

Es únicamente por esta capacidad de extender o ampliar las competencias, que la propia Constitución establece un árbitro ante los posibles conflictos que se puedan crear; y ese árbitro no es otro que este propio Tribunal, el cual es "garante de la no invasión de competencias entre las instituciones del Principado, y sus decisiones al respecto son vinculantes e inapelables. Si no existiera posibilidad de extender o ampliar las competencias, no sería necesario ningún tipo de arbitraje.



El señor Lijesus Di Valiant parece, aunque no lo haga explícitamente, que hace suya la afirmación de que existe una incompatibilidad entre la Constitución y el Estatuto, al respecto de la elección del Príncipe. Como bien indica el señor Lijesus, la que prima es la Constitución, pero erróneamente indica que "no confiere al príncipe más atribuciones que las que expresamente indica", cuando como se ha indicado anteriormente, sí que puede ser así.

Si bien la Constitución explicita que las Cortes tienen competencia en "el nombramiento, o la destitución del Príncipe de Catalunya, o de su sustitución por un Regente en caso de indisposición del mismo", y cualquier otra "competencia sobre la política legislativa" según el título del Art. XI, la elección de un Príncipe no es "política legislativa", así que sus competencias, por lo que respecta a la cabeza que sostiene la corona, son exclusivamente las indicadas en su apartado h.

¿Quién, pues, tiene la competencia de "elegir", que no "nombrar", el Príncipe de Catalunya? Teniendo en cuenta que la elección del Príncipe de Catalunya no es "política legislativa" (competencia de las Cortes, Art. XI); ni "política ejecutiva" (competencia del Gobierno, Art. XII); ni "poder judicial" (competencia del Tribunal de Apelación, Art. XIII); ni "política local" (competencia de los Ayuntamientos, Art. XIV), la única Institución que queda que puede adquirir la competencia de elección del Príncipe de Catalunya es el propio Príncipe de Catalunya.

Es por ello que este Tribunal entiende legítimamente que en la elección del Príncipe Ferran I, el primer Príncipe del Principado de Catalunya, se tuviera que establecer un procedimiento extraordinario, esto es, un Consejo de Notables, para elegirlo, pues no había un príncipe anterior que pudiera ejercer su competencia añadida de elegir su sucesor.

Este dictamen avala también el segundo punto establecido por el Príncipe Ferran I, pues si bien la Constitución no especifica que el Príncipe tenga competencia para presentar su propia "renuncia irrevocable", especifica según la repartición de competencias que no son las otras instituciones quienes la tienen, de manera que la institución del Príncipe (Art. VI) pùede ejercerla como propia.



El Tribunal de Apelaciones del Principado de Catalunya amparándose en

Cita :

Constitución del Principat de Catalunya.
Art. XIII.
El Tribunal de Apelación de Catalunya tiene competencia sobre el poder judicial del Principado, incluyendo: b) La garantía de la no invasión de competencias entre las instituciones del Principado, y sus decisiones al respecto son vinculantes e inapelables y c) La creación de jurisprudencia en su interpretación de las leyes y de los estatutos.

Estatuto del Tribunal de Apelación
Art. 9 -El Tribunal de Apelación de Catalunya debe garantizar la no invasión de competencias entre las instituciones del Principado. Tanto las Cortes, como sus sindicos individualmente, tienen derecho a consultar la opinión del Tribunal de Apelación antes de la aprobación de una ley si existieran dudas sobre conflictos con leyes de rango superior o invasión de competencias.

dictamina que:

1. El documento documento del Príncep Ferran I en que establece (1) la petición a las Cortes del Principat de Catalunya que inicien el proceso para el nombramiento de un nuevo Príncipe para el Principat en votación extraordinaria, indicando a Hanseatic de Tramuntana como el propuesto para ocupar el cargo; y (2) su renuncia irrevocable al cargo de Príncipe de Catalunya que se hará efectiva en el momento que las Cortes nombren un nuevo Príncipe, está sujeto a derecho con rango de Decreto del Príncipe.

2. El Príncipe tiene las competencias de elegir sucesor y presentar la propia renuncia, y que dichas competencias no entran en conflicto con las de ninguna otra institución.

3. Dicho documento puede y debe de considerarse como la elección del siguiente Príncipe.

4. La parte del Estatuto de las Cortes Catalanas, bajo el epígrafe "Definición de las Cortes Catalanas. Su función", en su punto 4 "La elección y/o aprobación del Príncipe/Princesa de Catalunya", no está ajustada a la Constitución y por tanto no es legalmente válida ni jurídicamente vinculante, por extender sus competencias más allá de lo establecido en el Art. XI apartado h y más allá de lo establecido como "la política legislativa del Principado", siendo su única competencia al respecto "el nombramiento, o la destitución del Príncipe de Catalunya, o de su sustitución por un Regente en caso de indisposición del mismo", tal y como establece la Constitución.

5. Las Cortes de Catalunya deben nombrar el Príncipe entrante tal y como establece en su elección el Príncipe saliente.

6. Este dictamen establece jurisprudencia al respecto.


Los jueces del Tribunal de Apelación de Catalunya

Firmado y sellado en Barcelona el décimo octavo día del primer mes del año MCDLIX

La verdad es que me parece un borrador muy en limpio Visigot .
A mi me parece que has hecho un muy buen informe, espero a los otros compañeros, pero la verdad es que a mi me parece perfecto.

Y si consideramos, ya que un Decreto del Príncipe no tiene la capacidad de iniciar una sesión de las cortes como su estatuto indica, que el documento que Ferran dejó como su abdicación se trata de eso mismo, de una abdicación y de una propuesta a las Cortes para que elijan al sucesor que el propone(ya que por eliminación únicamente el propio Príncipe es el que tiene competencias para nombrar a su sucesor) siguiendo el mismo proceso que se da para los rectores de la Universidad?

BORRADOR 2

Cita :

A la atención de Lijesus di Valiant y a las Cortes del Principado

El señor Lijesus Di Valiant, Sindico de Cortes en representación de Urgel, amparándose en el Art. 9 del Tribunal de Apelación, solicita la opinión del Tribunal de Apelación sobre el tema de las competencias del Príncipe y de las Cortes en torno a la elección de un nuevo Príncipe.

El nombramiento del nuevo Príncipe se encuentra en curso en la actual sesión de Cortes (IV sesión, XII periodo), a partir de un documento emitido por el Príncep Ferran I de Catalunya. En dicho documento, el Príncep Ferran I establece (1) la petición a las Cortes del Principat de Catalunya que inicien el proceso para el nombramiento de un nuevo Príncipe para el Principat en votación extraordinaria, indicando a Hanseatic de Tramuntana como el propuesto para ocupar el cargo; y (2) su renuncia irrevocable al cargo de Príncipe de Catalunya que se hará efectiva en el momento que las Cortes nombren un nuevo Príncipe.

Es el objetivo del presente informe dictaminar y sentar jurisprudencia sobre quién tiene la competencia de elegir Príncipe, quien tiene la competencia de nombrar Príncipe, y sobre si el documento emitido por el Príncipe se ajusta o no a derecho.


De la naturaleza legal del documento

El documento emitido por el Príncep Ferran I no establece específicamente a qué rango legal pertenece, si es que pertenece a alguno, según el Artículo XVI de la Constitución. Teniendo en cuenta que el documento está emitido por la institución Príncep de Catalunya, solo puede poseer el rango legal de Decreto del Príncipe, según establece el Art. X apartado c de la Constitución, o no poseer rango legal.

Esta segunda posibilidad, es decir, que no posea rango legal, es jurídicamente posible si observamos, por ejemplo, el procedimieto seguido habitualmente y no contestado para nombrar al Rector de la Universidad Ramon Llull. En ese caso, la institución que tiene potestad para hacerlo, el Gobierno, emite un documento de elección del Rector sin rango legal, que es sancionado por las Cortes.

Este tribunal entiende que en el caso que nos concierne, el documento emitido por el Príncipe Ferran I es un documento de elección de Príncipe sin rango legal, que también necesita la sanción de las Cortes.

Al no tener rango legal,dicho documento solo puede entrar en contradicción con códigos legislativos vigentes si es para ejercer una competencia (elegir Príncipe y/o abdicar) que no sean competencia de la institución emisora del documento, en este caso, del Príncipe.

De la ampliación de competencias de las Instituciones del Principado

Cita :

Constitución del Principat de Catalunya.

Título III: De las competencias de las Instituciones del Principado
Art X.
El Príncipe de Catalunya, tiene competencia sobre los siguientes apartados:
(...)

Art. XI.
Las Cortes de Catalunya tienen competencia sobre la política legislativa del Principado, incluyendo:
h) El nombramiento, o la destitución del Príncipe de Catalunya, o de su sustitución por un Regente en caso de indisposición del mismo.


Estatuto de las Cortes.

Sus funciones específicas serán:
4) La elección y/o aprobación del Príncipe/Princesa de Catalunya. Debe entenderse a las Cortes Catalanas como la autoridad máxima en estas funciones dentro del territorio del Principado de Catalunya

Si bien el señor Lijesus Di Valiant hace unas largas consideraciones sobre la definición de "competencia", éstas no tienen base jurídica en el Principado y muchas de ellas entran en contradicción con la praxis jurídica aceptada en el Principado por todas las instituciones.

Así, si bien afirma que "la competencia para realizar determinados actos no puede ser objeto de transferencia, cesión o encargo, pues se rige por el principio de indelegabilidad", observamos como la propia Constitución y la Ley de Puertos establecen que las competencias para gestionar los puertos pueden ser cedidas a otras instituciones".

Así, si bien afirma que la competencia está "regida por el principio de taxatividad, que significa que el ejercicio de la competencia que le confiere la Constitución está limitado o reducido a lo expresamente conferido" observamos como la propia Constitución, por ejemplo, mediante el uso de la palabra "incluyendo" en el encabezado de todos los artículos sobre las competencias de las Instituciones, establece que las competencias de cada una de las Instituciones no están limitadas o reducidas a las expresamente enumeradas en los artículos respectivosI; y por tanto pueden ampliar o extender sus competencias, eso sí, siempre dentro de los campos competenciales especificados.

Así, la Constitución establece una capacidad inherente de extender o ampliar las competencias que tienen las instituciones del Principado más allá de las enumeradas específicamente en cada uno de los artículos del Título III, pero dentro de los límites establecidos en cada uno de los artículos. Estos campos competenciales son: las Cortes, "competencia sobre la política legislativa" (Art. XI); el Gobierno, "competencia sobre la política ejecutiva" (Art. XII); el Tribunal de Apelación, "competencia sobre el poder judicial" (Art. XIII); los Ayuntamientos, "competencia sobre la política local" (Art. XIV). La Constitución no limita explícitamente la ampliación de competencias del Príncipe en un campo determinado.

Es únicamente por esta capacidad de extender o ampliar las competencias, que la propia Constitución establece un árbitro ante los posibles conflictos que se puedan crear; y ese árbitro no es otro que este propio Tribunal, el cual es "garante de la no invasión de competencias entre las instituciones del Principado, y sus decisiones al respecto son vinculantes e inapelables. Si no existiera posibilidad de extender o ampliar las competencias, no sería necesario ningún tipo de arbitraje.

De la competecia de elección del Príncipe

El señor Lijesus Di Valiant parece, aunque no lo haga explícitamente, que hace suya la afirmación de que existe una incompatibilidad entre la Constitución y el Estatuto, al respecto de la elección del Príncipe. Como bien indica el señor Lijesus, la que prima es la Constitución, pero erróneamente indica que "no confiere al príncipe más atribuciones que las que expresamente indica", cuando como se ha indicado anteriormente, sí que puede ser así.

Si bien la Constitución explicita que las Cortes tienen competencia en "el nombramiento, o la destitución del Príncipe de Catalunya, o de su sustitución por un Regente en caso de indisposición del mismo", y cualquier otra "competencia sobre la política legislativa" según el título del Art. XI, la elección de un Príncipe no es "política legislativa", así que sus competencias, por lo que respecta a la cabeza que sostiene la corona, son exclusivamente las indicadas en su apartado h.

¿Quién, pues, tiene la competencia de "elegir", que no "nombrar", el Príncipe de Catalunya? Teniendo en cuenta que la elección del Príncipe de Catalunya no es "política legislativa" (competencia de las Cortes, Art. XI); ni "política ejecutiva" (competencia del Gobierno, Art. XII); ni "poder judicial" (competencia del Tribunal de Apelación, Art. XIII); ni "política local" (competencia de los Ayuntamientos, Art. XIV), la única Institución que queda que puede adquirir la competencia de elección del Príncipe de Catalunya es el propio Príncipe de Catalunya.

Es por ello que este Tribunal entiende también como legítimo que en la elección del Príncipe Ferran I, el primer Príncipe del Principado de Catalunya, se tuviera que establecer un procedimiento extraordinario, esto es, un Consejo de Notables, para elegirlo, pues no había un príncipe anterior que pudiera ejercer su competencia añadida de elegir su sucesor; y también entiende que dicho proceso no entra en contradicción con el proceso actual.

De la competencia de abdicación del Príncipe

Este dictamen avala también el segundo punto establecido por el Príncipe Ferran I, pues si bien la Constitución no especifica que el Príncipe tenga competencia para presentar su propia "renuncia irrevocable", sí que especifica, según la repartición de campos competenciales, que no son las otras instituciones quienes la tienen, de manera que la institución del Príncipe (Art. VI) pùede ejercerla como propia. En cualquier caso, y para todos los cargos institucionales del Principado, el derecho de renuncia debe de ser reconocido como propio y personal de cada uno, de igual manera que se acepta la renuncia de un Rector o de un Síndico de Cortes.


El Tribunal de Apelaciones del Principado de Catalunya amparándose en

Cita :

Constitución del Principat de Catalunya.
Art. XIII.
El Tribunal de Apelación de Catalunya tiene competencia sobre el poder judicial del Principado, incluyendo: b) La garantía de la no invasión de competencias entre las instituciones del Principado, y sus decisiones al respecto son vinculantes e inapelables y c) La creación de jurisprudencia en su interpretación de las leyes y de los estatutos.

Estatuto del Tribunal de Apelación
Art. 9 -El Tribunal de Apelación de Catalunya debe garantizar la no invasión de competencias entre las instituciones del Principado. Tanto las Cortes, como sus sindicos individualmente, tienen derecho a consultar la opinión del Tribunal de Apelación antes de la aprobación de una ley si existieran dudas sobre conflictos con leyes de rango superior o invasión de competencias.

dictamina que:

1. El documento del Príncep Ferran I en que establece (1) la petición a las Cortes del Principat de Catalunya que inicien el proceso para el nombramiento de un nuevo Príncipe para el Principat en votación extraordinaria, indicando a Hanseatic de Tramuntana como el propuesto para ocupar el cargo; y (2) su renuncia irrevocable al cargo de Príncipe de Catalunya que se hará efectiva en el momento que las Cortes nombren un nuevo Príncipe, está sujeto a derecho.

2. El Príncipe tiene las competencias de elegir sucesor y presentar la propia renuncia, y que dichas competencias no entran en conflicto con las de ninguna otra institución.

3. Dicho documento puede y debe de considerarse como la elección del siguiente Príncipe.

4. La parte del Estatuto de las Cortes Catalanas, bajo el epígrafe "Definición de las Cortes Catalanas. Su función", en su punto 4 "La elección y/o aprobación del Príncipe/Princesa de Catalunya", no está ajustada a la Constitución y por tanto no es legalmente válida ni jurídicamente vinculante, por extender sus competencias más allá de lo establecido en el Art. XI apartado h y más allá de lo establecido como "la política legislativa del Principado", siendo su única competencia al respecto "el nombramiento, o la destitución del Príncipe de Catalunya, o de su sustitución por un Regente en caso de indisposición del mismo", tal y como establece la Constitución.

5. Las Cortes de Catalunya deben nombrar el Príncipe entrante siguiendo la elección del Príncipe saliente, pues es de éste la competencia de elegirlo, y de las Cortes la obligación de nombrarlo.

6. Este dictamen establece jurisprudencia al respecto.


Los jueces del Tribunal de Apelación de Catalunya

Firmado y sellado en Barcelona el vigésimo día del primer mes del año MCDLIX

(Unas cuantas modificaciones, siguiendo la propueta de Neo, y otras para clarificarlo todo un poco más.)

¿Hola?
¿Alguien dice algo?
¡Creo que es un tema bastante importante y urgente!

Totalmente de acuerdo.

Yo también estoy de acuerdo.

Paso a publicar la propuesta de Visigot, ya tenemos la mayoría simple que indica el estatuto y las Cortes apremian.

Totalmente deacuerdo. Perdón por mi demora.